Resumen SB 64

La SB64, celebrada en Bonn, fue la primera gran etapa de negociación después de la COP30 y funcionó como una prueba inicial de la capacidad del régimen climático para transformar el legado de Belém en implementación. La sesión confirmó que la agenda posterior a la COP30 ya está organizada en torno al cumplimiento de los compromisos asumidos, pero también reveló una frustración significativa ante la lentitud de los avances en temas centrales como mitigación, adaptación, financiamiento, medidas de respuesta y medios de implementación.

El principal rasgo político de Bonn fue la disputa sobre el propio significado de implementación. Para los países en desarrollo, avanzar hacia una fase de ejecución exige financiamiento, tecnología, fortalecimiento de capacidades, fortalecimiento institucional y condiciones efectivas de acceso. Para otros grupos, la implementación debe avanzar con cautela, evitando nuevos mandatos, nuevas obligaciones, duplicaciones institucionales o la anticipación de decisiones que corresponderán a la COP31/CMA8. Esta tensión atravesó distintas agendas y ayuda a explicar parte de los bloqueos observados durante la sesión.

Los resultados fueron desiguales. Algunas líneas avanzaron con conclusiones procedimentales, textos adoptados o encaminamientos para nuevas presentaciones, workshops y revisiones. Otras concluyeron bajo la Regla 16 o tuvieron decisiones sustantivas aplazadas hasta Antalya. Negociaciones sensibles, como el GGA, el MWP y las medidas de respuesta, requirieron una elevación al nivel político al cierre de la sesión, mostrando que Bonn logró preservar procesos, pero no resolver bloqueos estructurales.

El financiamiento se mantuvo como un eje central de fricción, en un contexto internacional marcado por restricciones fiscales, crisis del costo de vida y recortes en la cooperación internacional. Los países en desarrollo reforzaron que la implementación de los compromisos climáticos depende de la provisión efectiva de medios de apoyo, incluso en el marco del Artículo 9.1 del Acuerdo de París. La discusión sobre financiamiento dejó de ser únicamente una agenda específica y pasó a estructurar debates sobre adaptación, transparencia, transición justa, agricultura, océanos, GST y mitigación.

La preparación del GST2 también puso de manifiesto una disputa sobre qué información deberá orientar el próximo Balance Mundial. Para algunos grupos, la credibilidad del proceso depende de un fuerte anclaje científico; para otros, el GST2 debe equilibrar evidencia científica, experiencias de implementación e información reportada por las Partes. Esta discusión indica que la relación entre ciencia, implementación y acomodación política seguirá siendo relevante en el diseño del próximo ciclo del Global Stocktake.

Bonn también funcionó como la primera prueba política de la COP31. Turquía comenzó a presentar prioridades para la Agenda de Acción, con énfasis en electrificación y gestión de residuos, mientras que Australia adoptó una postura más cautelosa en las negociaciones, aunque señaló interés en temas como el acceso al financiamiento para los LDC y los SIDS. Este arreglo entre la Presidencia y la Presidencia de Negociaciones será relevante para definir si Antalya conseguirá convertir los procesos mantenidos vivos en Bonn en resultados políticos más claros.

Este informe sintetiza los principales movimientos de la SB64, destacando convergencias, bloqueos, resultados formales e implicaciones para la COP31. La lectura general es que Bonn confirmó la centralidad de la implementación dentro del régimen climático, pero también mostró que esta transición sigue siendo políticamente disputada. El desafío en Antalya será conectar ambición, medios de implementación, ciencia, diseño institucional y confianza política en una agenda de ejecución más coherente.

Adaptación

La adaptación estuvo en el centro político de la SB64. El principal resultado de Bonn fue la consolidación de una división estructural entre dos visiones de la agenda: una visión técnico-metodológica, centrada en indicadores y mecanismos de monitoreo, y una visión político-implementadora, defendida principalmente por los países en desarrollo, que busca vincular la adaptación con el financiamiento. El fracaso en alcanzar un acuerdo sobre el GGA hizo que la principal agenda de adaptación fuera trasladada a la COP 31, convirtiendo a Antalya en la principal prueba política para la implementación del legado de adaptación dejado por Belém.

GGA

La SB 64 fue la primera sesión después de la COP 30, que aprobó los Indicadores de Adaptación de Belém (BAI), lanzó la Visión Belém-Addis (BAV) y estableció la Hoja de Ruta de Adaptación de Bakú (BAR). En Bonn, las Partes tenían como objetivo iniciar la operacionalización de estos resultados, especialmente mediante la creación del grupo de trabajo de la BAV y la definición de los primeros elementos de implementación del GGA.

Desde el inicio, los países en desarrollo defendieron que el financiamiento y los medios de implementación debían estar en el centro de la discusión, mientras que los países desarrollados buscaron mantener el foco en los aspectos técnicos de los indicadores.

A lo largo de las dos semanas, la negociación evolucionó hacia un bloqueo político centrado en tres temas: la referencia a la triplicación del financiamiento para adaptación, la composición del grupo de trabajo de la BAV y el papel de la BAR.

Los países en desarrollo defendieron un grupo de trabajo supervisado por las Partes y la inclusión del financiamiento como elemento estructural de la BAR. Los países desarrollados, por su parte, priorizaron un enfoque más técnico y concentrado en la operacionalización de los BAI.

A pesar de diversos intentos de mediación, no hubo consenso. Las negociaciones fueron elevadas al nivel de los Jefes de Delegación, pero concluyeron bajo la Regla 16, sin una decisión sustantiva.

Como resultado, no fue posible definir la composición del grupo de trabajo ni iniciar formalmente la implementación de la BAV. El tema continuará en la COP 31.

NWP, AdComs y AC

La SB 64 también tuvo la misión de avanzar en otros frentes de la agenda de adaptación. El Programa de Trabajo de Nairobi (NWP) llegó a Bonn bajo presión para apoyar la implementación del GGA y del Marco de los Emiratos Árabes Unidos para la Resiliencia Climática Global.

Las Comunicaciones de Adaptación (AdComs) fueron debatidas ante la necesidad de revisar sus orientaciones y definir su papel dentro de la nueva arquitectura de adaptación, mientras que el Comité de Adaptación (AC) esperaba la continuidad de su revisión institucional.

Las negociaciones siguieron trayectorias distintas. En el NWP, el principal debate giró en torno al grado de alineación del programa con el GGA, el financiamiento de sus actividades y las futuras áreas temáticas de trabajo.

En las AdComs, las Partes divergieron sobre el calendario de revisión de las orientaciones y su relación con el sistema de transparencia del Acuerdo de París. La revisión del Comité de Adaptación permaneció estancada durante la sesión.

Los resultados fueron mixtos. El NWP fue una de las pocas líneas de adaptación que concluyó sus negociaciones con un texto aprobado, reforzando su papel como plataforma de conocimiento para apoyar la implementación de la adaptación y fortaleciendo la cooperación con universidades y órganos de la UNFCCC.

Las negociaciones sobre las AdComs no produjeron consenso y fueron remitidas para continuar en la COP 31, con todo el texto permaneciendo entre corchetes. La revisión del AC fue aplazada hasta la COP 31.

Financiamiento

Programa de Trabajo sobre Financiamiento Climático

El tema tuvo su origen en la Decisión Mutirão de la COP30, que estableció un programa de trabajo de dos años sobre financiamiento climático, incluyendo el Artículo 9.1 del Acuerdo de París en el contexto del Artículo 9 en su conjunto.

El Artículo 9.1 aborda específicamente las responsabilidades de los países desarrollados de proporcionar financiamiento a los países en desarrollo, y la solicitud de un punto específico de agenda sobre este artículo tiene su origen en la insatisfacción con la decisión del NCQG, la meta de financiamiento de USD 300 mil millones adoptada en la COP 29, en Bakú.

El mandato no especificó cómo debía estructurarse el programa, lo que generó divergencias entre las Partes incluso antes del inicio de las discusiones en Bonn.

El tema fue debatido en tres workshops durante la primera semana de la SB64. Los países en desarrollo querían discutir primero el alcance y las modalidades del programa, buscando garantizar una decisión formal en la COP31 que permitiera un mayor énfasis en el Artículo 9.1.

Sin embargo, los países desarrollados prefirieron avanzar directamente hacia elementos sustantivos relacionados con el Artículo 9 de manera más amplia, incluida la participación del sector privado.

Durante la segunda semana, la Presidencia de la COP30 envió una carta al Secretario Ejecutivo de la UNFCCC solicitando la inclusión de un punto específico de agenda sobre el tema en las agendas provisionales de la CMA8 y la CMA9, reiterando el mandato de la Decisión Mutirão.

La iniciativa no fue bien recibida por algunos países desarrollados, que la consideraron una interferencia en el proceso de negociación, ya que interpretan que la Decisión Mutirão no establecía ese mandato específico y prefieren mantener el programa de trabajo en formato de diálogos, sin una decisión formal al final de los dos años.

No hubo un texto acordado en Bonn sobre este tema. Los cofacilitadores deberán trabajar junto con las Presidencias de la COP31 para proponer un camino que será discutido con las Partes durante los próximos meses, definiendo si los elementos planteados en Bonn serán incorporados a una propuesta de continuidad del programa de dos años o si un nuevo proceso comenzará en la COP31.

Diálogo de Veredas y Xingu Finance Talks (Artículo 2.1.c en complementariedad con el Artículo 9)

La COP30 decidió dar continuidad al Diálogo de Sharm El Sheikh mediante el Diálogo de Veredas y los Xingu Finance Talks, con el objetivo de profundizar la comprensión sobre la alineación de los flujos financieros con los objetivos de adaptación y mitigación previstos en el Artículo 2.1.c, en complementariedad con el Artículo 9, que se refiere a las obligaciones jurídicas de provisión y movilización de financiamiento de los países desarrollados hacia los países en desarrollo.

A lo largo de dos días de reuniones en Bonn, se presentaron estudios de caso centrados en la construcción de ecosistemas nacionales de inversión capaces de alinear los flujos financieros con metas climáticas y de desarrollo.

Parte de las discusiones se concentró en cómo movilizar al sector privado y reducir los riesgos para las inversiones, incluso en adaptación, con menor énfasis en cómo fortalecer los sistemas públicos de financiamiento.

También hubo avances en la definición de la primera reunión de alto nivel de los Xingu Finance Talks, prevista para celebrarse en paralelo a las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI, con un foco inicial en políticas fiscales y costo de capital.

No hubo texto formal acordado, ya que estos diálogos tienen carácter de intercambio de experiencias y no generan decisiones negociadas.

Existe un entendimiento entre las Partes de que el diseño de las próximas sesiones debe mejorarse para evitar repeticiones y alternancias entre el Artículo 2.1.c y el Artículo 9, además de crear más espacio para debatir reformas estructurales, como la arquitectura financiera internacional y las reformas fiscales globales.

Fondo de Adaptación

El Fondo de Adaptación es el único punto formal de la agenda de financiamiento en negociación, con tres mandatos pendientes de sesiones anteriores: los arreglos de transición para que el Fondo pase a servir exclusivamente al Acuerdo de París, la composición del consejo y la quinta revisión del Fondo.

Los presidentes del SBI realizaron consultas con los Jefes de Delegación a lo largo de la sesión, pero no hubo acuerdo entre las Partes, especialmente sobre la composición del consejo.

Este es un tema importante porque define qué países tendrán acceso al financiamiento y cuáles deberán aportar recursos, principalmente mediante donaciones.

Los países desarrollados sostienen que los mandatos sobre arreglos de transición y composición del consejo están interrelacionados y deben acordarse conjuntamente, proponiendo sustituir la actual división entre Anexo I/no Anexo I por el lenguaje del Acuerdo de París de “países desarrollados y países en desarrollo”, autodeterminada.

Los países en desarrollo argumentan que la composición puede acordarse de manera independiente de la transición, que debe producirse urgentemente para permitir el acceso a los recursos, incluidos los share of proceeds provenientes del Artículo 6.4 destinados al Fondo.

El SBI adoptó conclusiones procedimentales que reconocen los avances alcanzados en los elementos relativos a los arreglos de transición y a la quinta revisión, pero aplazan la consideración de los tres mandatos, composición del consejo, arreglos de transición y quinta revisión, hasta la SB65, durante la COP31, debido a la persistencia de divergencias sobre la composición del consejo.

Transición Justa

Después de la COP30, en Belém, las Partes habían acordado la creación de un Mecanismo de Transición Justa (JTM), con el mandato de avanzar en su operacionalización hasta la CMA 8.

En la SB64, por lo tanto, había tres cuestiones centrales que resolver: consolidar los mensajes políticos derivados de los diálogos del JTWP, desarrollar los términos de referencia para la revisión formal del programa en 2026 e iniciar la negociación sobre el diseño institucional del nuevo mecanismo de transición justa.

En términos políticos, la principal tensión ya estaba planteada entre los países en desarrollo, que buscaban un mecanismo robusto orientado a la implementación y a los medios de implementación, y los países desarrollados, que defendían una estructura más ligera, basada en la coordinación y el aprovechamiento de instituciones ya existentes.

El proceso de negociación durante la SB64 estuvo marcado por intensas discusiones en torno al alcance y la función del mecanismo.

En los grupos de contacto hubo convergencia sobre la importancia de mantener el JTWP como espacio central de diálogo, pero profundas divergencias sobre lo que debería convertirse el JTM.

Los países en desarrollo defendieron un mecanismo permanentemente vinculado a la CMA, capaz de movilizar financiamiento concesional, transferencia de tecnología, fortalecimiento de capacidades y cooperación internacional, además de responder a barreras estructurales como restricciones fiscales y medidas comerciales unilaterales.

En contraste, grupos de países desarrollados argumentaron que el foco debería estar en evitar duplicaciones institucionales y utilizar el ejercicio de mapeo de mecanismos existentes antes de avanzar hacia nuevas estructuras.

También surgieron divergencias sobre la centralidad del objetivo de 1,5 °C, la relación entre el mecanismo y el Global Stocktake y hasta qué punto temas como agricultura, adaptación y seguridad alimentaria deberían incorporarse explícitamente al mecanismo.

A pesar de estas diferencias, la SB64 permitió madurar el debate y producir un primer borrador estructurado sobre las funciones, gobernanza y modalidades del JTM.

Al final de la sesión, las Partes adoptaron conclusiones importantes.

El SBSTA y el SBI aprobaron formalmente los términos de referencia para la revisión del JTWP, estableciendo que la revisión evaluará la efectividad, eficiencia, inclusión y utilidad de las modalidades actuales, incluidos diálogos, mesas redondas ministeriales e informes, así como posibles mejoras para su continuidad.

También se abrió un nuevo período de presentaciones hasta el 1 de septiembre de 2026, solicitando a la Secretaría que prepare un informe de síntesis con propuestas de mejora.

Sin embargo, en relación con el Mecanismo de Transición Justa, no hubo una decisión sustantiva sobre su estructura final.

Las Partes únicamente registraron el inicio de las discusiones y acordaron continuar las negociaciones en la SB65, en Antalya, utilizando la nota informal de los cofacilitadores como insumo no vinculante, con el objetivo de recomendar una decisión final a la CMA 8.

Global Stocktake

En la SB64, el Global Stocktake apareció menos como un punto aislado y más como una referencia transversal para distintos debates sobre implementación.

El tema estuvo presente en el UAE Dialogue sobre implementación de los resultados del GST, en el Annual NDC-GST Dialogue, en la reunión informal sobre la preparación del GST2 y en eventos y consultas promovidos por la Presidencia de la COP30 sobre los Roadmaps.

En conjunto, estos espacios mostraron que el GST1 ya influye en la formulación de NDC, NAP e iniciativas políticas, pero también evidenciaron la distancia entre los compromisos multilaterales y las condiciones concretas para su implementación.

La primera dimensión se refiere a las barreras materiales e institucionales para la implementación.

En el UAE Dialogue y en el Annual NDC-GST Dialogue, las intervenciones de los países en desarrollo volvieron a situar en el centro del debate la dificultad de transformar compromisos en políticas nacionales cuando persisten restricciones de financiamiento, tecnología, fortalecimiento de capacidades y capacidad institucional.

El financiamiento climático fue presentado como el cuello de botella más sensible, no solo por el volumen insuficiente de recursos, sino también por el costo de capital, la baja previsibilidad de los flujos y las dificultades de acceso a instrumentos adecuados a las necesidades de los países.

La segunda dimensión involucra la relación entre el GST1 y las NDC de 2035.

En el Annual NDC-GST Dialogue, las presentaciones de países y organizaciones indicaron que el GST1 ya está influyendo en la preparación de las nuevas contribuciones, pero también destacaron dificultades comunes, como plazos cortos, coordinación entre procesos participativos y orientación estratégica, definición de metas viables, integración de adaptación y construcción de estructuras de implementación.

La adaptación y las pérdidas y daños aparecieron como áreas especialmente complejas, tanto por la dificultad de financiamiento como por su menor madurez metodológica en comparación con la mitigación.

La tercera dimensión se refiere al diseño del GST2.

En la reunión informal conducida por la Secretaría y los Presidentes de los Órganos Subsidiarios, las Partes discutieron el calendario, la convocatoria de aportes, las preguntas orientadoras y la organización del proceso.

Hubo apoyo a la apertura anticipada de la fase de contribuciones, especialmente para ampliar la capacidad de participación de los países en desarrollo.

Las divergencias se concentraron en el tiempo necesario para el proceso, el grado de detalle de las preguntas orientadoras y la posibilidad de reproducir o ampliar la experiencia de los diálogos técnicos del primer GST.

La relación entre ciencia e implementación también surgió como un punto sensible en esta preparación.

Durante la reunión informal sobre el GST2, algunas Partes defendieron flexibilidad para que el proceso incorpore los productos del AR7 del IPCC, mientras que otras sostuvieron que el próximo Balance Mundial debe considerar un conjunto más amplio de fuentes, incluidas experiencias de implementación e información reportada por las propias Partes.

La discusión señala que el GST2 deberá equilibrar integridad científica, aprendizaje práctico y acomodación política entre distintas expectativas sobre el papel del Balance Mundial.

Los Roadmaps de la Presidencia de la COP30 entraron en este debate como posibles instrumentos para acercar el GST a la implementación.

En eventos y consultas realizados durante la SB64, el Roadmap para la transición para dejar atrás los combustibles fósiles fue presentado como un intento de traducir el resultado de Dubái en caminos prácticos de acción, aunque todavía depende de un mayor apoyo político entre los grupos negociadores.

El Roadmap de bosques avanzó de manera más visible y fue presentado como una contribución al proceso que conducirá al GST2, conectando el compromiso de detener y revertir la deforestación y la degradación forestal con el próximo ciclo del Balance Mundial.

El balance de Bonn fue, por lo tanto, ambivalente.

La SB64 confirmó que el GST se ha convertido en una referencia estructurante para NDC, planes nacionales, Roadmaps y narrativas de implementación.

Al mismo tiempo, los espacios de diálogo funcionaron más como entornos de sistematización de experiencias que como momentos de construcción colectiva de soluciones para los principales cuellos de botella.

El desafío hasta la CMA8 será lograr que el GST2 vaya más allá del registro de brechas y sea más capaz de organizar información útil, conectar implementación y medios de apoyo y orientar la ejecución concreta del Acuerdo de París.

Mitigación

Programa de Trabajo de Mitigación (MWP)

El MWP llegó a la SB64 todavía marcado por las disputas heredadas de la COP30.

En Belém, las Partes reafirmaron su carácter voluntario, no prescriptivo y soberano, debatieron la propuesta brasileña de una plataforma digital de mitigación y dejaron para la CMA8, en noviembre de 2026, la decisión sustantiva sobre su continuidad o reformulación.

En Bonn, las posiciones continuaron polarizadas.

AILAC, AOSIS, Unión Europea, LDC y países como Nueva Zelanda, Canadá, Suiza y Noruega defendieron una mayor operacionalización del programa, con vínculos más claros con el GST, una mejor organización temática, mayor participación técnica y resultados más útiles para apoyar acciones de mitigación.

LMDC, Grupo Árabe, China, India, Rusia y otros insistieron en que el MWP debe permanecer estrictamente dentro de su mandato original, sin nuevas obligaciones, orientación sobre NDC, seguimiento de políticas nacionales ni creación de nuevas estructuras.

La tensión central estuvo entre fortalecer el MWP como espacio para aumentar la ambición en mitigación y preservarlo como foro de implementación, intercambio de experiencias y discusión de barreras, especialmente en financiamiento, tecnología y fortalecimiento de capacidades.

Las discusiones se concentraron en temas como el papel del GST y de las NDC, la selección anual o plurianual de temas, la naturaleza de los resultados del programa, la propuesta de un comité técnico de mitigación y el formato de los eventos de inversión.

Para algunos grupos, estos elementos podrían hacer al MWP más relevante para responder a la brecha de ambición e implementación.

Para otros, podrían desplazarlo fuera de su mandato y convertirlo en un espacio indirecto de orientación sobre políticas nacionales.

Sin embargo, hubo cierta convergencia sobre la necesidad de mejorar los eventos centrados en inversiones, acercando oportunidades de mitigación a financiadores, bancos multilaterales, fondos climáticos, proveedores de tecnología y apoyo para la preparación de proyectos.

El proceso textual reflejó el bloqueo.

Los cofacilitadores circularon un borrador de conclusiones, una nota informal para organizar la discusión futura y una reflexión no exhaustiva sobre las posiciones de las Partes.

Esta última fue la más controvertida: algunos grupos querían preservarla como memoria de las discusiones, mientras que otros la rechazaron por contener elementos sin consenso y, desde su perspectiva, fuera del mandato.

Ante la falta de acuerdo, los cofacilitadores buscaron el apoyo del negociador de Brasil, quien moderó huddles y presentó una propuesta de compromiso basada en conclusiones procedimentales, la realización de un workshop pre-sesional junto a la SB65 en Antalya y la preservación de una nota informal más neutral.

Aun así, el bloqueo persistió.

El tema fue elevado a los Presidentes de los Órganos Subsidiarios, que presentaron un texto final breve, registrando únicamente la consideración del tema, su continuidad en la SB65 con miras a una decisión en la CMA8 y la solicitud a la Secretaría para organizar el workshop pre-sesional, condicionada a la disponibilidad de recursos.

Bonn cerró este punto sin una decisión sustantiva sobre el futuro del MWP y sin preservar formalmente la reflexión detallada de las posiciones de las Partes.

El principal resultado fue mantener viva la negociación hasta Antalya.

Sin embargo, las divergencias centrales siguen abiertas: mandato, alcance, ambición, implementación, vínculos con el GST y formato futuro del programa.

El desafío hasta la CMA8 será utilizar el workshop pre-sesional para reconstruir confianza, organizar divergencias e identificar zonas de convergencia.

La ausencia de un resultado sustantivo en Bonn muestra que la continuidad del MWP todavía no está garantizada.

Al mismo tiempo, por ser el único espacio formal de negociación dedicado específicamente a la mitigación, su eventual debilitamiento tendría implicaciones relevantes para la agenda climática.

Hojas de Ruta para revertir la deforestación y para la transición para dejar atrás los combustibles fósiles

En la SB64, las Hojas de Ruta fueron tratadas como uno de los principales frentes de continuidad política de la COP30.

Su papel no fue reabrir negociaciones sobre temas sensibles, sino ofrecer instrumentos voluntarios para apoyar la implementación de consensos ya alcanzados en el Global Stocktake, especialmente en dos agendas centrales: la transición para dejar atrás los combustibles fósiles y el fin de la deforestación y la degradación forestal.

La relevancia de las Hojas de Ruta apareció en diferentes espacios de Bonn.

En las consultas conducidas por la Presidencia de la COP30, en side events con una fuerte participación de Partes y observadores y en intervenciones dentro de las líneas asociadas al GST, el mensaje común fue la necesidad de pasar de la formulación política a la implementación concreta.

En este marco, las Hojas de Ruta fueron presentadas como herramientas para ayudar a los países a organizar sus propias rutas de implementación, sin imponer modelos únicos ni alterar la naturaleza nacionalmente determinada de los compromisos climáticos.

Un primer eje de discusión fue la función de las Hojas de Ruta como instrumentos de coordinación.

En el caso de la transición energética, las consultas sobre el Roadmap indicaron apoyo a la idea de trayectorias nacionales capaces de combinar la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles con desarrollo económico, seguridad energética, industrialización, generación de empleo y lucha contra la pobreza.

Este enfoque también fue reforzado en la Conferencia de Santa Marta, convocada por Colombia y los Países Bajos, donde la discusión se concentró menos en la necesidad de la transición y más en las condiciones prácticas para llevarla a cabo.

Un segundo eje fue el financiamiento.

En las consultas sobre la transición para dejar atrás los combustibles fósiles, los países en desarrollo dieron centralidad a la ampliación del financiamiento concesional, la reducción del costo de capital, el enfrentamiento del endeudamiento, el acceso a tecnología y la reforma de la arquitectura financiera internacional.

En las discusiones sobre bosques, el mismo problema apareció asociado al fortalecimiento de instrumentos como TFFF y REDD+, al redireccionamiento de incentivos económicos que favorecen la deforestación y al acceso directo a recursos por parte de pueblos indígenas y comunidades locales.

Un tercer eje fue la conexión entre las Hojas de Ruta y el próximo ciclo del GST.

En las discusiones sobre bosques, hubo una percepción de que el Roadmap puede contribuir a consolidar los bosques y el uso de la tierra como componentes centrales de la implementación del Acuerdo de París en el GST2.

De manera similar, en las consultas sobre transición energética, el Roadmap fue tratado como un medio para transformar el resultado del GST en opciones prácticas de acción, incluso mediante trayectorias nacionales que puedan dialogar con futuras NDC.

La agenda de bosques también evidenció que el principal cuello de botella no reside únicamente en la ausencia de conocimiento técnico.

Ya existen sistemas de monitoreo, compromisos políticos y diagnósticos sobre los factores que impulsan la deforestación.

El desafío identificado en las consultas fue principalmente político, institucional y financiero: coordinar iniciativas, remover barreras, movilizar recursos y crear condiciones para una implementación a escala.

En este contexto, los pueblos indígenas y las comunidades locales fueron tratados como actores centrales, con énfasis en derechos territoriales, gobernanza local y acceso directo al financiamiento.

La relación entre agricultura, bioeconomía y deforestación se mantuvo sensible.

En las discusiones sobre el Roadmap de bosques, la tendencia fue evitar un enfoque centrado únicamente en restricciones y enfatizar una narrativa de desarrollo sostenible, productividad, restauración productiva, generación de ingresos y bioeconomía.

Esta formulación busca abordar los factores que impulsan la deforestación sin alejar a países para los cuales la agricultura, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural son temas políticamente estratégicos.

Las futuras Presidencias también influirán en la continuidad de las Hojas de Ruta.

Turquía, asociada a la Agenda de Acción de la COP31, ha priorizado la electrificación y la gestión de residuos, sin oponerse a las Hojas de Ruta, pero tampoco expresando un apoyo explícito durante las consultas.

Australia, por su parte, manifestó un apoyo más claro, incluso en el UAE Dialogue, al tratar las Hojas de Ruta como herramientas útiles para la implementación del GST.

La agenda de electrificación, en preparación en el contexto de la COP31, puede funcionar como una de las opciones concretas dentro del conjunto más amplio de soluciones para la transición energética.

Plataforma de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales

Entre el 2 y el 5 de junio de 2026 tuvo lugar la 15.ª reunión del Facilitative Working Group (FWG) de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (LCIPP), en el marco de la UNFCCC.

La reunión tuvo como principal objetivo avanzar en la implementación del Plan de Trabajo de Bakú (2025–2027), además de iniciar discusiones sobre el próximo ciclo de trabajo de la plataforma (2028–2031).

En un contexto de creciente reconocimiento de la importancia de los conocimientos tradicionales para la acción climática, el FWG también buscó fortalecer la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en agendas centrales de la UNFCCC.

Las negociaciones estuvieron marcadas por discusiones sobre planificación estratégica, representatividad, transparencia y protección de los conocimientos tradicionales.

Uno de los debates se concentró en el desarrollo del protocolo de ética previsto en el Plan de Trabajo de Bakú, con divergencias sobre cómo garantizar el consentimiento libre, previo e informado y evitar la apropiación indebida de conocimientos comunitarios e indígenas.

La transparencia surgió como una preocupación transversal, tanto respecto a los procesos internos de la LCIPP como al uso de los conocimientos compartidos en la plataforma.

Los participantes reclamaron mayor claridad sobre cómo estos conocimientos son incorporados por los órganos de la UNFCCC y de qué manera contribuyen a procesos formales de negociación.

También defendieron mecanismos más accesibles de comunicación, traducción y provisión de información a las comunidades.

Hubo además debates sobre la gobernanza de la plataforma, especialmente en relación con la demanda de una mayor representación de las comunidades locales en el FWG, incluido el llenado de los tres puestos destinados a estos grupos.

Paralelamente, los participantes defendieron una mayor inclusión de jóvenes y mujeres, la ampliación de la diversidad lingüística y el fortalecimiento de los mecanismos de comunicación de la LCIPP.

Como resultado, el FWG renovó su liderazgo, eligió nuevos cofacilitadores y aprobó el tema anual de la LCIPP para 2026, centrado en la promoción de una acción climática holística basada en relaciones de parentesco, equilibrio y bienestar colectivo.

El grupo también aprobó una nueva estrategia de participación para los eventos mandatados de la plataforma, precisamente con el objetivo de ampliar la inclusión y la transparencia.

Además, decidió avanzar entre sesiones en la elaboración del protocolo de ética e iniciar formalmente la construcción del plan de trabajo 2028–2031.

También se acordó el desarrollo de las contribuciones de la LCIPP al próximo Global Stocktake y la realización de reuniones mensuales hasta la FWG 16, prevista para noviembre de 2026, durante la COP31.

Artículo 6.2

El punto sobre financiamiento de la infraestructura, los procesos y las actividades de fortalecimiento de capacidades relacionadas con el Artículo 6.2 aborda la operacionalización de los mercados internacionales de carbono bajo el Acuerdo de París.

Aunque las reglas de contabilidad, reporte y revisión técnica ya han sido acordadas, su implementación depende de la existencia de sistemas permanentes, como la plataforma centralizada de contabilidad y reporte, la base de datos del Artículo 6, los procesos de revisión técnica por especialistas y los programas de fortalecimiento de capacidades para los países participantes.

La discusión en Bonn se concentró en cómo garantizar financiamiento suficiente y estable para mantener estos elementos en funcionamiento durante los próximos años.

La agenda llegó a la SB64 después de las crecientes preocupaciones expresadas por la Secretaría de la UNFCCC sobre el déficit de recursos para desarrollar y operar la infraestructura del Artículo 6.2.

En la CMA 7, las Partes solicitaron un estudio técnico sobre opciones de financiamiento e iniciaron formalmente las discusiones sobre modelos sostenibles para costear el sistema.

El desafío surge del hecho de que el Artículo 6.2 combina elementos permanentes de gobernanza internacional con un mecanismo de participación voluntaria.

Esto generó divergencias sobre quién debe asumir los costos: toda la Convención mediante el presupuesto central de la UNFCCC, únicamente los países usuarios del sistema o una combinación de distintas fuentes de financiamiento.

Las negociaciones en Bonn pusieron de manifiesto profundas divergencias políticas sobre la arquitectura de financiamiento.

Algunos países defendieron que los costos deberían ser cubiertos principalmente mediante contribuciones voluntarias o por los países desarrollados, argumentando que el cobro de tasas podría crear barreras para la participación de los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados (LDC) y los pequeños Estados insulares (SIDS).

Otros países defendieron la aplicación del principio de user pays, según el cual los participantes del mecanismo deberían contribuir financieramente a su mantenimiento.

También hubo divergencias sobre la adopción de tasas basadas en el volumen de ITMO transaccionados, tasas fijas para países participantes, la creación de fondos fiduciarios específicos y la posibilidad de incorporar parte de estos costos al presupuesto regular de la UNFCCC.

Un elemento común en las intervenciones fue el reconocimiento de que existe una necesidad urgente de financiamiento a corto plazo para evitar retrasos en la implementación de la infraestructura del Artículo 6.2.

El resultado de la SB64 fue relativamente modesto, reflejando el estado todavía preliminar de las discusiones.

Las Partes no llegaron a un acuerdo sobre un modelo específico de financiamiento, pero tomaron nota del estudio técnico actualizado de la Secretaría y de las opciones discutidas durante la sesión.

El SBI solicitó a su Presidente preparar un documento informal con propuestas textuales para apoyar las negociaciones en la SBI 65, con el objetivo de recomendar una decisión formal para su adopción por la CMA 8.

Al mismo tiempo, las Partes expresaron preocupación por el importante déficit de financiamiento identificado por la Secretaría, reiteraron el llamado a contribuciones voluntarias y solicitaron a la Secretaría intensificar sus esfuerzos de movilización de recursos.

En términos prácticos, la decisión mantiene el tema en negociación y aplaza hasta la COP31 las decisiones más políticas sobre quién financiará, y bajo qué condiciones, la infraestructura necesaria para hacer plenamente operativo el sistema del Artículo 6.2.

Artículo 6.8

Dos elementos marcaron las negociaciones sobre Enfoques No Basados en el Mercado durante la SB64: la 9.ª reunión del GCNMA, espacio mandatado para apoyar la implementación del Artículo 6.8, y la discusión sobre la revisión del Programa de Trabajo, etapa prevista dentro del ciclo iniciado por la CMA3, en Glasgow, en 2021.

Esta revisión es relevante para evaluar los avances alcanzados, la efectividad de los instrumentos existentes, como workshops, grupos de discusión (spin-off groups), documentos técnicos y la Plataforma NMA, y posibles ajustes para el futuro.

El debate también fue informado por informes de la Secretaría de la UNFCCC, incluido un documento técnico con opciones para hacer que la Plataforma NMA sea más operativa y esté mejor articulada con otros procesos de la Convención.

Las negociaciones estuvieron marcadas por la cautela y por divergencias sobre el alcance y la profundidad de la revisión.

Las discusiones se concentraron principalmente en el lenguaje de los textos y en la forma de reflejar distintas posiciones sobre el futuro del Programa de Trabajo.

Varias delegaciones defendieron que la revisión no debía anticipar ninguna decisión de la CMA8, evitando presupuestos sobre la continuidad, renovación o ampliación del mandato relacionado con el Artículo 6.8.

También hubo divergencias sobre propuestas para la Plataforma NMA, con algunos grupos resistiéndose a debatir nuevas funcionalidades antes de una evaluación más profunda de los informes técnicos presentados por la Secretaría.

El texto acordado reflejó este enfoque cauteloso.

Las conclusiones reconocieron la importancia de los Enfoques No Basados en el Mercado para apoyar la implementación de las NDC y registraron avances en el marco del Programa de Trabajo, pero no indicaron una dirección definitiva para el futuro del arreglo.

Para la COP31/CMA8, se espera que las Partes avancen en la definición de los próximos pasos, manteniendo la salvedad de que las discusiones actuales no anticipan ni limitan futuras decisiones sobre la continuidad o reformulación del Programa de Trabajo.

Al mismo tiempo, el resultado de Bonn señala interés en continuar examinando formas de fortalecer la operacionalización del Artículo 6.8, incluidas posibles mejoras en la Plataforma NMA y su articulación con otras herramientas existentes.

El principal desafío será transformar este interés en un camino de trabajo más claro, sin sobrepasar las sensibilidades de las Partes respecto al mandato, el alcance y la naturaleza no basada en el mercado de este componente del Artículo 6.

Sinergias entre las Convenciones de Río

En el marco del punto de agenda sobre cooperación con otras organizaciones internacionales, actualmente orientado al fortalecimiento de la cooperación entre las Convenciones de Río, el debate se basó en un informe de la Secretaría.

El documento indicó que la cooperación entre la UNFCCC, organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales ya es una práctica consolidada en áreas como financiamiento climático, adaptación, transparencia, tecnología, fortalecimiento de capacidades e implementación de las NDC.

También destacó el creciente papel del Joint Liaison Group (JLG) en la coordinación entre las Convenciones de Río.

A partir de este diagnóstico, las Partes concentraron las discusiones no en la necesidad de la cooperación en sí misma, sino en cómo fortalecerla, cuáles deberían ser sus límites y qué papel podría desempeñar el JLG en el futuro.

Las negociaciones se desarrollaron a lo largo de cuatro consultas informales conducidas por los cofacilitadores, con el objetivo de construir un texto de conclusiones que registrara convergencias mínimas y orientara los trabajos futuros.

Aunque existía un amplio reconocimiento de la importancia de la cooperación entre las convenciones, el intercambio de información y el respeto de los mandatos específicos de cada proceso, surgieron divergencias importantes sobre el significado de “sinergias”, el posible fortalecimiento del JLG y los riesgos de expansión de mandato.

Brasil, AILAC, Unión Europea, Reino Unido, Fiji, Canadá y otros defendieron una mayor visibilidad para el JLG y la creación de espacios para compartir experiencias.

En sentido contrario, el Grupo Árabe, China, Rusia y otros alertaron sobre posibles implicaciones institucionales, costos adicionales y superposición entre procesos.

En las consultas finales, el principal bloqueo pasó a ser el grado de formalización de las actividades futuras y el reconocimiento político de la continuidad de la agenda.

A pesar de los esfuerzos de los cofacilitadores, no hubo consenso sobre el texto de conclusiones.

Las versiones en negociación preveían la continuidad de las discusiones mediante presentaciones de la Secretaría sobre actividades de cooperación, actualizaciones del Secretario Ejecutivo sobre el trabajo del JLG y oportunidades para que las Partes compartieran experiencias nacionales.

Sin embargo, el Grupo Árabe y sus aliados se opusieron a la inclusión de lenguaje que pudiera ser interpretado como un mandato para profundizar o institucionalizar la agenda, mientras que diversos países defendieron mantener una referencia formal que permitiera avanzar en el debate durante las próximas sesiones.

Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, se aplicó la Regla 16, sin que se adoptaran conclusiones sustantivas.

De esta manera, la discusión sobre el futuro de la cooperación entre las Convenciones de Río quedó abierta para la COP31, pero sin una orientación política adicional acordada en Bonn.

Agricultura y Seguridad Alimentaria

El Trabajo Conjunto de Sharm el-Sheikh sobre la implementación de la acción climática en agricultura y seguridad alimentaria (SJWA) llegó a Bonn en un momento importante.

Renovado en la COP 27 como un programa de trabajo de cuatro años, el grupo se acerca al final de su mandato actual, previsto para la COP 31.

En esta sesión en Bonn, la SB64, se esperaba que las Partes avanzaran en el análisis del informe del primer workshop, sobre enfoques sistémicos y holísticos para una agricultura sostenible; consideraran el segundo informe anual de síntesis de la Secretaría sobre las actividades realizadas en 2025; y desarrollaran un nuevo workshop sobre necesidades y acceso a medios de implementación, como financiamiento, tecnología y fortalecimiento de capacidades.

Este segundo workshop del SJWA estuvo dedicado a identificar necesidades y acceso a medios de implementación para la acción climática en agricultura y seguridad alimentaria.

Las discusiones reforzaron desafíos ya conocidos, como la baja participación de la agricultura y los sistemas alimentarios en el financiamiento climático, las dificultades de acceso a recursos, las brechas en planificación, datos y capacidad técnica y la necesidad de conectar mejor los mecanismos financieros con las realidades nacionales y territoriales.

El workshop también destacó la importancia del financiamiento, la tecnología y el fortalecimiento de capacidades para apoyar la adaptación, la resiliencia y la seguridad alimentaria.

Además, fue un espacio importante de intercambio de experiencias e información entre países, sociedad civil y otros actores relevantes.

Las negociaciones, sin embargo, avanzaron poco en términos de contenido.

Las Partes tuvieron dificultades para alcanzar un acuerdo sobre mensajes sustantivos, especialmente en relación con el alcance del trabajo y el lenguaje del texto.

Uno de los principales puntos de tensión, que no es nuevo en las discusiones del grupo, fue hasta qué punto el SJWA debe tratar únicamente agricultura y seguridad alimentaria, conforme a su mandato, o incorporar discusiones más amplias sobre sistemas alimentarios, mitigación y otros temas vinculados a la implementación.

Ante la falta de consenso, las Partes optaron por un texto breve, de carácter principalmente procedimental.

El texto aprobado toma nota del informe del primer workshop y del segundo informe anual de síntesis, pero aplaza la consideración de ambos hasta la SB65, en noviembre de 2026.

También registra la realización del workshop sobre medios de implementación, cuyo informe será considerado en la próxima sesión, y reconoce el papel del portal en línea del SJWA para facilitar la colaboración, el intercambio de conocimiento y la conexión con oportunidades de financiamiento.

Así, Bonn preservó la continuidad del proceso, pero trasladó a la SB65 la tarea de enfrentar los principales temas sustantivos, con una agenda exigente: retomar los informes pendientes, debatir el acceso a medios de implementación y preparar el camino hacia la COP31, cuando las Partes deberán evaluar los resultados del SJWA y decidir el futuro de la agenda de agricultura y seguridad alimentaria dentro de la UNFCCC.

Transparencia

Apoyo financiero y técnico para la implementación del Artículo 13 del Acuerdo de París

El punto SBI 5 llegó a la SB64 con el objetivo de evaluar el apoyo financiero, técnico y de fortalecimiento de capacidades proporcionado a los países en desarrollo para implementar el Artículo 13 del Acuerdo de París, en un momento particularmente relevante para el Marco Reforzado de Transparencia (ETF).

Hasta el 12 de junio de 2026, ya se habían presentado a la UNFCCC 132 Informes Bienales de Transparencia (BTR), y se recordó a las Partes que los segundos BTR deben presentarse hasta el 31 de diciembre de 2026.

En este contexto, las negociaciones en Bonn buscaban responder a una cuestión central: si el apoyo actualmente disponible, especialmente a través del GEF, CBIT y otras iniciativas de fortalecimiento de capacidades, es suficiente para permitir que los países en desarrollo implementen sistemas nacionales permanentes de transparencia y cumplan sus obligaciones de reporte de manera continua y sostenible.

El debate también buscó identificar lecciones aprendidas durante el primer ciclo de BTR y orientar las futuras actividades de fortalecimiento de capacidades de la Secretaría y del Consultative Group of Experts (CGE).

Los países en desarrollo defendieron un lenguaje más robusto que reconociera la insuficiencia de los recursos actuales, destacando que la disponibilidad formal de financiamiento no significa necesariamente adecuación, previsibilidad ni facilidad de acceso.

También presionaron por un mayor reconocimiento de los desafíos relacionados con el mantenimiento de equipos técnicos, sistemas de datos y arreglos institucionales permanentes.

Por otro lado, los países desarrollados prefirieron enfatizar los avances ya realizados por el GEF, incluido el mantenimiento de recursos específicos para transparencia y la simplificación de los procedimientos de acceso.

El principal bloqueo se concentró en cómo caracterizar la adecuación del financiamiento: mientras un grupo defendía que el texto reconociera explícitamente las brechas de financiamiento y las barreras persistentes de acceso, otro prefería enfatizar los avances ya alcanzados por los mecanismos existentes, evitando formulaciones que pudieran sugerir una insuficiencia estructural del apoyo proporcionado.

Ante la falta de consenso sobre la caracterización de la adecuación del apoyo financiero y técnico para la implementación del Artículo 13, el punto concluyó bajo la aplicación de la Regla 16.

Como resultado, la agenda será retomada automáticamente durante la próxima sesión de los órganos subsidiarios, en noviembre, sin que pueda considerarse ningún texto que refleje las discusiones de la SB64.

Apoyo para las Comunicaciones Nacionales de países no incluidos en el Anexo I de la Convención

El punto SBI 4(b) llegó a Bonn con foco en la provisión de apoyo financiero y técnico para que los países no incluidos en el Anexo I continúen preparando sus Comunicaciones Nacionales e Informes Bienales de Actualización (BUR) en el marco de la Convención.

Aunque el régimen de transparencia está migrando gradualmente hacia los BTR bajo el Acuerdo de París, este punto sigue siendo políticamente sensible porque muchos países en desarrollo todavía dependen de los mecanismos tradicionales de apoyo para concluir esta transición.

En Bonn, la tarea de las Partes era evaluar el apoyo proporcionado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y discutir cómo garantizar la continuidad del financiamiento durante este período de superposición entre los instrumentos de la Convención y los del Acuerdo de París.

El debate también buscaba decidir con qué frecuencia este punto seguirá siendo negociado dentro de la agenda del SBI durante los próximos años.

Las negociaciones del SBI 4(b) estuvieron marcadas por divergencias en torno a la evaluación del financiamiento disponible, especialmente respecto al controvertido párrafo 6 bis.

Mientras que el texto principal reconocía que los recursos destinados a actividades habilitadoras y a la Capacity-building Initiative for Transparency se mantuvieron en el GEF-9, existía un párrafo que introducía lenguaje de “profunda preocupación” respecto a la reducción del 27 % de los recursos del área focal climática del GEF en comparación con el ciclo anterior, afirmando que esta reducción sería incompatible con las crecientes necesidades de reporte de los países en desarrollo.

Para los países en desarrollo, este párrafo era esencial para registrar la insuficiencia estructural del financiamiento.

Los países desarrollados, por su parte, se opusieron a esta formulación por considerarla excesivamente crítica y políticamente desequilibrada.

Sin consenso sobre el texto final, especialmente en relación con el lenguaje sobre la reducción de los recursos climáticos del GEF y su adecuación a las necesidades de reporte de los países en desarrollo, el punto SBI 4(b) también concluyó bajo la Regla 16.

Diálogos sobre Comercio y Clima

El tema de comercio y clima llegó a la SB64 a partir del mandato acordado en la COP30, en Belém, en el marco de la Decisión Global Mutirão.

Después de consultas conducidas por la Presidencia brasileña de la COP30 sobre los impactos de las crecientes interacciones entre las políticas climáticas y el comercio internacional, las Partes decidieron establecer un proceso de diálogo para discutir oportunidades, desafíos y barreras relacionadas con el papel del comercio en la implementación de la acción climática.

La realización de este diálogo responde a una preocupación que se ha fortalecido durante los últimos años, especialmente entre los países en desarrollo.

Diversas Partes comenzaron a argumentar que medidas climáticas con repercusiones comerciales, como mecanismos de ajuste de carbono en frontera, requisitos de due diligence ambiental y restricciones relacionadas con cadenas de valor, estaban siendo discutidas e implementadas fuera del ámbito de la UNFCCC, a pesar de producir impactos directos sobre la capacidad de los países para implementar sus NDC y promover su desarrollo sostenible.

Fue en este contexto que las Partes acordaron iniciar un diálogo dedicado al tema dentro del proceso de la Convención.

Durante la SB64, muchos países en desarrollo, como G77+China, BASIC, LDC y el Grupo Árabe, enfatizaron preocupaciones sobre medidas comerciales unilaterales, argumentando que determinadas políticas climáticas adoptadas por grandes economías pueden crear barreras comerciales, aumentar los costos de cumplimiento y restringir oportunidades de desarrollo.

Diversas intervenciones defendieron una mayor atención a los principios de equidad y CBDR-RC y a las necesidades de fortalecimiento de capacidades y financiamiento para adaptarse a las nuevas exigencias regulatorias.

Por otro lado, varios países desarrollados destacaron el potencial del comercio para acelerar la difusión de tecnologías limpias, facilitar inversiones sostenibles y apoyar la transición hacia economías bajas en carbono.

Uno de los debates más relevantes fue si comercio y clima deberían convertirse en una agenda permanente de la UNFCCC.

Mientras diversos países del Sur Global apoyaron la creación de un espacio institucional más robusto y continuo para debatir los impactos de las medidas comerciales relacionadas con el clima, otros países mostraron cautela y defendieron que el tema permaneciera como un ejercicio de intercambio de información, sin crear nuevas estructuras de negociación.

Como resultado, la Secretaría elaborará una nota informal sobre el diálogo, con el objetivo de orientar los próximos diálogos que tendrán lugar durante las siguientes sesiones hasta 2028.

Además, se reconoció la realización del primer diálogo y se invitó a continuar las discusiones sobre comercio y clima en el marco de la UNFCCC.

Medidas de Respuesta

En la SB64, la agenda sobre los impactos de las medidas de respuesta al cambio climático, o simplemente “medidas de respuesta”, tuvo tres mandatos:

(i) análisis de los estudios de caso mencionados en el informe anual de 2025 del Comité de Expertos de Katowice (KCI);

(ii) definición de las contribuciones técnicas al Segundo Balance Mundial (GST2), conforme a la actividad 2 del plan de trabajo para 2026-2030, Anexo de la Decisión 16/CP.29;

(iii) debate sobre los impactos transfronterizos de las medidas de respuesta, conforme al Artículo 3.5 de la UNFCCC y a la actividad 6 del plan de trabajo.

En relación con los estudios de caso, los especialistas presentaron los siete estudios elaborados en 2025, uno para cada región, con tres mensajes principales: el diseño de las políticas públicas es determinante; los resultados de una misma política pueden variar radicalmente según el contexto nacional; y los enfoques deben adaptarse a cada contexto nacional.

Los países en desarrollo plantearon diversas preguntas a los especialistas, sugiriendo que se incluyan indicadores socioeconómicos en los próximos estudios, propuesta de G77+China con el apoyo del Grupo Árabe, y que las herramientas presentadas sean mejor calibradas para los países en desarrollo, posición defendida por el AGN y Brasil.

Además, el AGN cuestionó los estudios sobre África, señalando que las políticas públicas deben analizarse específicamente dentro de las economías de los diferentes países, con especial atención a los países dependientes de la exportación de commodities.

Como ya había ocurrido en la COP 30, la relación de gobernanza entre el Foro y el KCI fue objeto de disputas.

G77+China, AGN, Honduras, Sudáfrica y Brasil defendieron que el KCI es un órgano técnico vinculado al Foro y que debe enviar sus conclusiones para aprobación y toma de decisiones políticas por parte del Foro, incluso en lo relativo al aporte técnico al GST2.

Canadá afirmó que la decisión que otorga mandato al Foro ya establece cómo deben realizarse los aportes al GST2, conforme a la actividad 2 del plan de trabajo.

Además, países como Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Suiza manifestaron preferencia por procedimientos que alineen al KCI directamente con las orientaciones generales del GST, sin crear nuevos mandatos ni informes sustantivos.

Se elaboró un proyecto de texto, ampliamente debatido durante diversas sesiones que se extendieron hasta el último día de la SB64.

Sin embargo, después de varios aplazamientos de las reuniones del grupo, finalmente no se logró consenso para aprobar el proyecto de texto y se aplicó la Regla 16.

El grupo continuará la discusión durante la SB65.

Tecnología

Las negociaciones sobre tecnología durante la SB64 se concentraron en tres agendas principales.

La primera fue el análisis del Informe Anual Conjunto (Joint Annual Report, JAR) del Comité Ejecutivo de Tecnología (TEC) y del Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN), principal mecanismo de supervisión política del Mecanismo de Tecnología de la UNFCCC.

La segunda involucró la elección de la institución anfitriona del CTCN.

Finalmente, las Partes continuaron las discusiones sobre los vínculos (linkages) entre el Mecanismo de Tecnología y el Mecanismo Financiero, una agenda orientada a acercar la asistencia tecnológica al acceso al financiamiento climático.

Joint Annual Report (JAR) del TEC y del CTCN

El Joint Annual Report es un punto permanente de la agenda de la UNFCCC mediante el cual las Partes evalúan el desempeño del TEC y del CTCN, los dos brazos del Mecanismo de Tecnología.

En los últimos años, el Mecanismo de Tecnología ha buscado fortalecer su papel como instrumento de implementación, ampliando la coordinación entre sus órganos, la cooperación con entidades financieras y el apoyo proporcionado a los países en desarrollo.

El informe correspondiente a 2025 destacó la implementación continua del Programa de Trabajo Conjunto 2023–2027, la expansión de la cooperación entre el TEC y el CTCN, la participación de jóvenes, pueblos indígenas y la constituency de género, además de iniciativas orientadas a la movilización de recursos y a la mejora de los sistemas de monitoreo y evaluación.

También registró el fortalecimiento de las actividades del CTCN en la prestación de asistencia técnica y apoyo a los países en desarrollo para identificar e implementar soluciones tecnológicas.

Aunque la mayor parte del texto fue considerada relativamente consensuada, la principal controversia política surgió en torno a las referencias al resultado del primer Global Stocktake (GST).

Diversos países desarrollados defendieron mantener las referencias al GST, argumentando que el Balance Mundial proporciona orientaciones relevantes para el trabajo futuro del Mecanismo de Tecnología.

Por otro lado, el Grupo Árabe y algunos otros países se opusieron a cualquier lenguaje que pudiera interpretarse como una reafirmación de los elementos más sensibles del GST, especialmente aquellos relacionados con la transición energética y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles.

En la práctica, el debate no se refería directamente a la tecnología, sino al intento de algunos grupos de evitar que decisiones técnicas fueran utilizadas para reforzar compromisos políticos negociados en otros procesos.

El resultado final fue la adopción de decisiones bajo la COP y la CMA que acogen el informe anual conjunto y reconocen los avances alcanzados por el TEC y el CTCN en la implementación de sus respectivos programas de trabajo.

Las decisiones refuerzan la importancia de la coordinación entre ambos órganos, la cooperación con el Fondo Verde para el Clima (GCF), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y el Fondo de Adaptación, además de la continuidad de los foros regionales de las entidades nacionales designadas.

La decisión también reconoce avances operativos importantes del CTCN, incluida la aprobación de su plan operativo para 2026, un aumento del 9 % en su presupuesto y la ampliación del límite máximo para solicitudes de asistencia técnica de USD 250 mil a USD 300 mil.

Más importante desde el punto de vista político, el texto fue aprobado sin referencias explícitas al GST, reflejando el compromiso alcanzado entre los diferentes grupos negociadores.

Arreglos Institucionales del CTCN (Host Institution)

El CTCN es el brazo operativo del Mecanismo de Tecnología y depende de una institución anfitriona para proporcionar apoyo administrativo, operativo e institucional.

Desde su creación, esta función ha sido desempeñada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), en cooperación con otras organizaciones asociadas.

Con la proximidad del fin del actual ciclo de hospedaje, se inició un proceso de evaluación para definir los futuros arreglos del CTCN.

El tema adquirió relevancia porque el centro amplió significativamente sus actividades durante los últimos años y pasó a desempeñar un papel cada vez más importante en la prestación de asistencia técnica y la implementación de proyectos relacionados con tecnología climática.

Antes de la SB64, el Consejo Consultivo del CTCN concluyó su proceso de evaluación e indicó al UNEP como la organización preferida para continuar desempeñando la función de anfitrión.

La principal cuestión era la elección de la institución anfitriona, entre la continuidad del UNEP y un consorcio formado por UNIDO y UNOPS.

Además de la decisión en sí, también estaban en discusión los detalles institucionales que regirán el próximo período de funcionamiento del CTCN.

Las discusiones se concentraron en los términos del Memorando de Entendimiento (MoU), los arreglos de gobernanza y la definición de responsabilidades entre el UNEP y otras organizaciones que históricamente han apoyado el funcionamiento del centro, especialmente UNIDO y UNOPS.

Diversas Partes consideraron que todavía eran necesarias aclaraciones adicionales antes de aprobar definitivamente estos instrumentos.

Por ello, las negociaciones pasaron de discutir quién hospedaría el CTCN a debatir cómo debería funcionar la futura estructura institucional.

La SB64 consolidó el entendimiento político de que el UNEP continuará desempeñando el papel de institución anfitriona del CTCN, pero no concluyó las negociaciones sobre los instrumentos jurídicos e institucionales necesarios para operacionalizar esta decisión.

Como resultado, las discusiones sobre el Memorando de Entendimiento y los demás arreglos institucionales fueron aplazadas hasta la COP31.

El texto aprobado también alienta la continuidad de la cooperación entre UNEP, UNIDO y UNOPS, reconociendo la importancia de estas organizaciones para el funcionamiento del sistema de apoyo tecnológico de la UNFCCC.

En la práctica, la decisión resolvió la cuestión política más amplia, la elección del anfitrión, pero dejó para la COP31 la conclusión de los detalles de implementación.

Conexiones entre el Mecanismo de Tecnología y el Mecanismo Financiero

Desde la COP21, las Partes vienen intentando fortalecer la articulación entre el Mecanismo de Tecnología, TEC y CTCN, y el Mecanismo Financiero, principalmente GCF y GEF.

El objetivo es garantizar que las necesidades identificadas por los países puedan efectivamente acceder a financiamiento para su implementación.

Durante los últimos años se realizaron workshops, convocatorias de presentaciones e informes de síntesis para identificar desafíos y oportunidades relacionados con estas conexiones.

La SB64 representó la etapa más reciente de este proceso de evaluación.

Las negociaciones revelaron un amplio consenso sobre la necesidad de fortalecer la relación entre tecnología y financiamiento, pero también pusieron de manifiesto divergencias sobre cómo medir el éxito de estas conexiones y cuál debería ser la estructura institucional para acompañarlas.

Diversas Partes destacaron desafíos persistentes, como la dificultad de transformar la asistencia técnica en proyectos financiables, la falta de coordinación entre instituciones nacionales y los obstáculos que enfrentan los países en desarrollo para acceder a recursos de los fondos climáticos.

Otro punto importante fue la discusión sobre el futuro de la propia agenda.

Algunos países, especialmente Reino Unido, defendieron mantener revisiones periódicas para evaluar la efectividad de los linkages.

El resultado final fue una decisión que fortalece institucionalmente el seguimiento de los linkages y amplía la cooperación entre TEC, CTCN, GCF y GEF.

El texto alienta al CTCN a apoyar a los países en la transformación de los resultados de la asistencia técnica y de las evaluaciones de necesidades tecnológicas en proyectos aptos para recibir financiamiento.

También refuerza la importancia de la coordinación entre entidades nacionales designadas para tecnología, puntos focales del GEF y autoridades nacionales del GCF.

El principal resultado político fue la creación de un mecanismo de revisión futura.

La Secretaría deberá preparar un análisis sobre avances, desafíos y lecciones aprendidas hasta 2028 y actualizarlo nuevamente en 2032.

Sobre la base de esta información, el SBI volverá a analizar formalmente el tema en Bonn en 2029 y nuevamente en 2032.

La revisión de 2032 deberá incluso evaluar si la agenda debe continuar existiendo, con qué frecuencia y bajo qué formato.

En términos prácticos, la decisión no crea nuevas fuentes de financiamiento ni nuevos mecanismos financieros.

Sin embargo, establece una estructura más clara para monitorear si el apoyo tecnológico proporcionado por el Mecanismo de Tecnología está efectivamente logrando acceder a recursos financieros y generar implementación concreta en los países en desarrollo.

Género

La agenda de género llegó a la SB64 en una fase inicial de implementación del Plan de Acción de Género de Belém (GAP), adoptado en la COP30 para el período 2026–2034.

El GAP fue aprobado después de importantes disputas políticas sobre lenguaje de género, interseccionalidad y derechos humanos, incluidos debates sobre violencia contra mujeres y niñas, trabajo de cuidados, protección de defensores ambientales y reconocimiento de mujeres y niñas afrodescendientes dentro de la acción climática.

Las cuestiones relativas a la gobernanza, sin embargo, permanecieron abiertas después del intento fallido de extender el Programa de Trabajo de Lima sobre Género y el GAP a la CMA.

El resultado de la COP 30 fue, por lo tanto, un plan políticamente importante, pero todavía dependiente de una implementación consistente para consolidar la agenda de género dentro del régimen climático.

En Bonn, la SB64 no reabrió la negociación del GAP, pero funcionó como el primer espacio para operacionalizar sus mandatos.

Durante la sesión tuvieron lugar tres eventos mandatados: un workshop sobre el fortalecimiento de los puntos focales nacionales de género y cambio climático; un diálogo de especialistas sobre datos desagregados por género y edad y análisis de género; y el diálogo sobre avances en la provisión de financiamiento climático con perspectiva de género.

Las discusiones abordaron buenas prácticas institucionales, actividades centrales y opcionales de los puntos focales, elementos para monitoreo, futuras recomendaciones sobre salud, violencia contra mujeres y niñas, trabajo de cuidados, participación de hombres y niños, datos sobre género y medio ambiente, además de la necesidad de avanzar en la traducción de los compromisos sobre financiamiento con perspectiva de género hacia prácticas más concretas.

En términos generales, la SB64 parece haber evidenciado que la implementación del GAP todavía se encuentra en una etapa muy inicial.

Los eventos mandatados fueron un primer paso necesario para comenzar a organizar aspectos institucionales de la agenda, pero los debates permanecieron en un nivel relativamente básico en comparación con la complejidad de los desafíos de integrar efectivamente el género en la acción climática.

Esta lectura sugiere que la línea de género todavía necesitará mayor energía política, capacidad técnica y recursos para consolidarse dentro del sistema de la UNFCCC.

Por lo tanto, el punto de atención de aquí en adelante será observar si los próximos pasos consiguen transformar esta estructura inicial en una agenda más sustantiva y operativa.

Arreglos para Reuniones Intergubernamentales (AIM)

En la SB64, las discusiones dentro de la agenda de Arreglos para Reuniones Intergubernamentales (Arrangements for Intergovernmental Meetings, AIM) abordaron tres temas:

(i) elementos para la organización de la COP 31;

(ii) eficiencia de los procesos de la UNFCCC;

(iii) participación de organizaciones observadoras.

Respecto a la COP 31, al igual que ocurrió con Brasil, la capacidad logística de Antalya fue bastante cuestionada, principalmente en relación con la disponibilidad de vuelos y alojamiento a precios accesibles.

Turquía defendió enfáticamente la infraestructura de la ciudad anfitriona, destacando su amplia capacidad aeroportuaria y su red hotelera y asegurando que será posible ofrecer alojamiento accesible para todos los participantes previstos para la COP 31.

Finalmente, la COP 31 fue confirmada para los días 9 al 20 de noviembre, con el Encuentro de Alto Nivel (Leaders Summit) entre el 11 y el 12 de noviembre.

En relación con la Pre-COP, Australia detalló su cooperación estratégica con el Foro de las Islas del Pacífico para coorganizar el evento en Fiji.

Todavía no hay candidatos para albergar las COP 33 y 34, que deberán corresponder a las regiones de Asia-Pacífico y Europa Oriental, respectivamente.

Otro tema ampliamente planteado, especialmente por países en desarrollo y principalmente por AOSIS y los LDC, fueron las barreras sistémicas de acceso a las reuniones de la UNFCCC debido a visados denegados, exigencias de tasas administrativas abusivas por parte de los países anfitriones y cancelaciones unilaterales de reservas hoteleras.

Respecto al Acuerdo de País Anfitrión, algunas Partes como la Unión Europea y el EIG manifestaron la necesidad de incluir cláusulas de salvaguarda de los derechos humanos y la libertad de expresión, así como mecanismos de control de costos.

En relación con la eficiencia de los procesos de la UNFCCC, algunas Partes expresaron preocupación por que la búsqueda de eficiencia pudiera volver superficiales los procesos y defendieron preservar su naturaleza dirigida por las Partes (party-driven nature).

China criticó las propuestas de aumento de eficiencia que buscan únicamente racionalizar el proceso de manera superficial, reduciendo los tiempos de intervención de grupos que representan a un elevado número de Estados Partes.

Sugirió que la eficiencia debe medirse por resultados tangibles en cada sesión, preservando estrictamente la naturaleza dirigida por las Partes (party-driven) de la Convención.

Considerando el aumento progresivo de la acreditación y participación de diversas organizaciones observadoras, se debatió la presencia de estos actores en las reuniones de negociación.

Diversas Partes y constituencies como RINGO y BINGO señalaron un desequilibrio en la diversidad de organizaciones observadoras, destacando la necesidad de aumentar la diversidad regional y mejorar la transparencia sobre los participantes en las reuniones, especialmente respecto a las credenciales de party overflow.

Noruega propuso que los Estados actúen con moderación y establezcan límites autodeterminados (caps) para sus delegaciones, con el fin de evitar el colapso del espacio físico de las COP.

El grupo de personas con discapacidad (Disability Caucus) argumentó que las estructuras actuales de la UNFCCC carecen de accesibilidad física, lenguaje de señas y comunicación simplificada y solicitó su reconocimiento formal como una constituency independiente.

Finalmente, se elaboró un borrador que refleja diversos temas discutidos, como la consideración de medidas para garantizar la accesibilidad financiera a las reuniones, especialmente en relación con el alojamiento, y la mención de que los contratos con los países anfitriones deben reflejar los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las obligaciones internacionales de derechos humanos.

Además, el borrador solicita a las autoridades simplificar y facilitar los procesos de obtención de visados.

También invita a las Partes a considerar las implicaciones de la concesión de credenciales de party overflow, incluidos sus efectos sobre los costos de las reuniones y la disponibilidad de alojamiento.

Fortalecimiento de capacidades

En la SB64, la agenda sobre fortalecimiento de capacidades (capacity building) tuvo tres temas principales:

(i) monitoreo anual de la implementación del marco de fortalecimiento de capacidades en los países en desarrollo en el marco de la Convención y el Protocolo de Kioto;

(ii) quinta revisión integral de la implementación del marco de fortalecimiento de capacidades en países en desarrollo dentro de la Convención y el Protocolo de Kioto;

(iii) sexta revisión integral de la implementación del marco de fortalecimiento de capacidades en países con economías en transición en el marco de la Convención y el Protocolo de Kioto.

Además, el 9 de junio se realizó el 15.º Durban Forum, con la presentación de diversos casos prácticos de apoyo al fortalecimiento de capacidades en países en desarrollo, conforme a lo previsto para el Comité de París sobre Fortalecimiento de Capacidades para 2025-2026.

Las consultas informales realizadas fueron bastante conflictivas.

Desde el inicio de las consultas, algunas Partes, especialmente G77+China y AGN, rechazaron comenzar las discusiones a partir del borrador surgido de los encuentros de la COP30, por considerar que el documento no reflejaba el equilibrio político de las discusiones de Belém.

G77+China propuso la inclusión de un workshop entre sesiones para reflexionar metodológicamente sobre cómo medir y aumentar la efectividad real del marco de fortalecimiento de capacidades, proporcionando aportes técnicos sólidos para la Sexta Revisión.

Sin embargo, Partes como la Unión Europea y Japón expresaron una fuerte resistencia a nuevos mandatos o eventos, argumentando que la creación de nuevos mecanismos genera superposición funcional con órganos ya constituidos y consolidados, como el Comité de París sobre Fortalecimiento de Capacidades (PCCB), además de plantear cuestiones presupuestarias.

En relación con las revisiones relativas al Protocolo de Kioto, la Unión Europea cuestionó su necesidad, considerando el fin del horizonte temporal del Protocolo y la reducción de las pocas actividades que todavía permanecen.

G77+China señaló que aceptaría evaluar una flexibilización del régimen del Protocolo de Kioto únicamente si la Unión Europea y los demás países desarrollados acordaran convertir el ahorro de tiempo político en una ampliación real y obligatoria del espacio de negociación para fortalecer el marco de capacidades bajo la Convención.

Después de diversas consultas informales, las discusiones se extendieron hasta la segunda semana de la SB, con la publicación del borrador que mantenía las divergencias entre corchetes.

El documento acoge los informes de síntesis de la Secretaría sobre la implementación del marco de capacidades, reconoce los avances alcanzados en los niveles individual, institucional y sistémico, pero reitera la persistencia de brechas y necesidades dentro de las áreas iniciales de alcance, que afectan principalmente a los LDC y los SIDS.

Además, se refuerza el Portal de Fortalecimiento de Capacidades y el Foro de Durban como espacios para el intercambio continuo de buenas prácticas.

Desde el punto de vista procedimental, el SBI remitió formalmente los proyectos de decisión que regulan la Quinta Revisión Integral, para países en desarrollo, y la Sexta Revisión, para Economías en Transición, bajo la Convención y el Protocolo de Kioto, para su adopción en la COP 31.

Océanos

En 2025, el tema de los océanos ganó mayor relevancia dentro de las negociaciones climáticas, con la realización de los Diálogos sobre Océanos y Cambio Climático durante la SB62 y durante la COP30, además de una mención en la Decisión Mutirão.

Con la copresidencia australiana y la Pre-COP organizada en colaboración con los países insulares del Pacífico, se espera que el tema de los océanos vuelva a adquirir gran relevancia en la COP 31.

El año pasado, las discusiones se centraron en tres pilares:

(i) integración de metas relacionadas con los océanos en las NDC;

(ii) reconocimiento del océano dentro del GGA, incluyendo el tema en los NAP;

(iii) reconocimiento de las sinergias entre clima y biodiversidad marina, incluso con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).

Este año, en los diálogos realizados el 10 y 11 de junio durante la SB64, conforme al mensaje de los cofacilitadores, el foco se trasladó hacia la implementación de lo debatido el año anterior.

Durante los dos días del evento se abordaron:

(i) los medios de implementación como aspecto transversal;

(ii) las sinergias entre los regímenes internacionales de océanos, clima y biodiversidad y la cooperación internacional;

(iii) las discusiones sobre prioridades de acciones basadas en los océanos dentro de las NDC, con la identificación de cinco sectores clave.

Al final, los participantes se reunieron en breakout groups para debatir los tres temas.

En relación con los medios de implementación, las discusiones se concentraron en el financiamiento.

AGN y AOSIS señalaron que cerca de la mitad de las metas oceánicas incluidas en las NDC están condicionadas al apoyo externo.

Los países en desarrollo defendieron que los aportes financieros se realicen preferentemente mediante donaciones en lugar de préstamos.

En el breakout group, se destacó la falta de acceso a mecanismos de financiamiento ya existentes, así como las incongruencias entre el financiamiento y la implementación, defendiendo que no debe existir un único mecanismo para todos los casos.

Respecto a las sinergias entre los regímenes, además de la CDB, se mencionó el Tratado sobre Biodiversidad Marina más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), también conocido como “Tratado de Alta Mar”.

En el breakout group, los participantes destacaron la necesidad de fortalecer los datos basados en la ciencia.

Además, se mencionó ampliamente la relación entre NDC, NAP y NBSAP.

En relación con las NDC, se mencionó que el último informe de síntesis mostró que diversos países incluyeron medidas basadas en los océanos dentro de sus contribuciones.

También se anunció que el Desafío de la NDC Azul, lanzado en 2025 por Brasil y Francia, fue formalmente estructurado como una Fuerza de Tarea de Implementación (Blue NDC Implementation Task Force), cuyo lanzamiento está previsto para la COP31.

Durante las discusiones entre las Partes, Arabia Saudita intervino en varias ocasiones para cuestionar el papel de los Diálogos, destacando que debe ser únicamente facilitador, sin mandato de negociación ni carácter prescriptivo.

También solicitó que su informe no adopte preferencias por trayectorias energéticas específicas, que deben ser determinadas a nivel nacional.

La Unión Europea defendió la inclusión de medidas de mitigación orientadas a la descarbonización del transporte marítimo y al avance de las energías renovables offshore, en el contexto del TAFF.

AOSIS y los SIDS reiteraron el papel de los países insulares, que cuentan con circunstancias especiales, destacando las brechas en fortalecimiento de capacidades y financiamiento.

Los observadores se manifestaron en contra de la minería en aguas profundas y de los mecanismos de mercado de créditos de carbono azul.

Se elaborará un informe sobre los Diálogos, que alimentará los procesos de negociación durante la COP 31, incluso como aporte técnico para la fase de recopilación de información del GST2.

Además, se sugirió que el informe sirva como insumo para el Foro del Comité Permanente de Finanzas (SCF) de septiembre de 2026.