El informe “Fortalecimiento de la voz de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales en las negociaciones climáticas: impacto en el régimen de la CMNUCC y desafíos posteriores a la COP30”, publicado por LACLIMA, ya está disponible.

La celebración de la COP30 en Belém marcó un momento de gran protagonismo para los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales en el escenario de la gobernanza climática mundial. Más allá de la dimensión simbólica de la visibilidad política, la conferencia produjo avances relevantes en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), al tiempo que puso de manifiesto las persistentes limitaciones estructurales para la participación plena y efectiva de estos grupos en los procesos multilaterales de toma de decisiones.

Entre los principales resultados políticos de la conferencia, destaca la incorporación, por primera vez en el Programa de Trabajo para una Transición Justa, de referencias directas a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) en un párrafo operativo de la decisión final. El texto reconoce los derechos relacionados con el consentimiento libre, previo e informado, la autodeterminación y la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, lo que refleja años de incidencia coordinada por parte de organizaciones indígenas y observadores aliados en el marco de la CMNUCC. Otro avance significativo se produjo en el Plan de Acción de Género de Belém, que ahora reconoce expresamente el liderazgo, los sistemas de conocimiento y las experiencias de las mujeres indígenas y las comunidades locales desde una perspectiva interseccional. La decisión también incluyó, por primera vez en el régimen climático de la Convención, referencias a las poblaciones afrodescendientes, ampliando el alcance de los sujetos de derechos reconocidos en las negociaciones climáticas multilaterales.

La celebración de la COP30 en Brasil también tuvo repercusiones políticas más allá de las salas de negociación formales. La conferencia estuvo marcada por anuncios de garantías territoriales, una mayor presencia de organizaciones de la sociedad civil en espacios de visibilidad internacional y la creación del Foro Global de Comunidades Locales sobre el Cambio Climático, una iniciativa que fortalece la coordinación internacional entre representantes de comunidades locales y consolida una agenda política más coordinada en el ámbito climático.

A pesar de estos avances, el informe advierte que la COP30 no resolvió los problemas históricos relacionados con la inclusión sustantiva de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales en los procesos de toma de decisiones climáticas. Las futuras negociaciones deberán abordar importantes deficiencias, especialmente en lo que respecta a la participación de estos grupos en la definición de las hojas de ruta relacionadas con la eliminación gradual de los combustibles fósiles y las estrategias de transición energética. El documento subraya que los mecanismos financieros y las iniciativas internacionales siguen careciendo, en muchos casos, de salvaguardias sólidas destinadas a proteger los derechos territoriales, reproduciendo enfoques verticales y procesos de toma de decisiones impuestos desde arriba. El informe también identifica como prioritaria la protección de los defensores territoriales frente al aumento de la violencia, la presión sobre los territorios tradicionales y la expansión de las economías ilegales en zonas habitadas por pueblos indígenas y comunidades locales, así como la necesidad de incorporar explícitamente los impactos de la explotación de minerales críticos en los debates sobre la transición justa.

En el marco de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (LCIPP), la decisión final de la COP30 reconoció los esfuerzos de las comunidades locales por ampliar su participación en el régimen climático, pero no estableció mecanismos obligatorios ni inmediatos para su inclusión institucional. Como ya se observó durante el SB62 en Bonn, los movimientos de mayor presión política liderados por representantes de las comunidades locales se produjeron en torno a la Plataforma, con importantes repercusiones en los pasillos diplomáticos y los canales de negociación formales. En este contexto, las críticas relacionadas con una supuesta confusión ideológica y terminológica entre las categorías de "comunidades locales" y "pueblos indígenas" llegaron incluso a la sesión plenaria final, revelando tensiones aún presentes en cuanto a la representación y el reconocimiento político dentro de la CMNUCC.

Según el informe, la SB64 representará una oportunidad estratégica para consolidar los avances logrados desde Belén. Se prevé un nuevo taller obligatorio sobre comunidades locales, cuyos resultados servirán de base para el proceso de revisión del Grupo de Trabajo Facilitador (GTF), programado para la COP32 en 2027 en Etiopía. Se espera que las presentaciones técnicas previstas para 2026 desempeñen un papel decisivo en la creación de nuevos mecanismos formales de representación en el régimen climático, ampliando y diversificando la participación efectiva de los titulares de derechos en los espacios de toma de decisiones sobre el futuro climático mundial.

La COP30 dejó, por lo tanto, un legado significativo en términos de visibilidad política y avances normativos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales. Sin embargo, la transición de la participación simbólica a una participación efectivamente vinculante dependerá aún de la construcción de marcos institucionales más sólidos, la ampliación de mecanismos de financiación adecuados y la voluntad política de las Partes para incorporar a estos grupos como agentes centrales de la gobernanza climática internacional. En este contexto, el informe LACLIMA ofrece un diagnóstico sistematizado de los progresos alcanzados y una hoja de ruta estratégica para los procesos de toma de decisiones que se desarrollarán entre 2026 y 2027.

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