¡Hito histórico!

La opinión consultiva publicada hoy por la Corte Internacional de Justicia es histórica. Por primera vez, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas presenta una interpretación exhaustiva y jurídicamente sólida, basada en varios tratados internacionales, de las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático.

Este es un hito en el derecho internacional, que no solo allana el camino para la futura rendición de cuentas de los países por acciones u omisiones que violen estas obligaciones, sino que también puede servir de base para acciones legales a nivel nacional, siempre que se considere que los gobiernos no están cumpliendo con los compromisos adquiridos en virtud de tratados internacionales.

La fundamentación de este dictamen sigue un enfoque cronológico, basándose en diversos instrumentos jurídicos, como la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones de la Asamblea General, los tratados internacionales y las decisiones de la COP, incluidas aquellas que establecieron el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C y la meta de financiación climática.

En lo que respecta a las obligaciones de los Estados, se reconoce la existencia de deberes de mitigación y adaptación, con obligaciones adicionales para los países del Anexo I del Convenio, basadas en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (RCMD), haciendo hincapié en sus respectivas capacidades.

El objetivo de 1,5 °C se reconoce como jurídicamente vinculante, y la presentación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) se considera una obligación de medios, que requiere una cooperación internacional de buena fe en los medios de implementación (financiación, desarrollo de capacidades y medios de implementación).

El Tribunal subraya, basándose en el derecho internacional, el deber de diligencia para prevenir las amenazas al medio ambiente y al sistema climático, y la conexión de estas obligaciones con otros tratados, como el Protocolo de Montreal, el Convenio de Lucha contra la Desertificación, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio sobre el Derecho del Mar y los tratados de derechos humanos.

En cuanto a las consecuencias jurídicas, la Corte subraya que su análisis es general y no se refiere a la responsabilidad de Estados específicos, pero reafirma que todo acto internacionalmente ilícito genera responsabilidad, incluidas las obligaciones de cesación, las garantías de no repetición y la reparación íntegra (mediante restitución, indemnización, satisfacción o una combinación de estas), siempre que se demuestre el vínculo causal entre la violación y el daño sufrido, que deberá evaluarse caso por caso.

Este capítulo aporta detalles concretos sobre las obligaciones de los países en materia de cambio climático y refuerza la relevancia del derecho climático. Y, por supuesto, ¡LACLIMA seguirá supervisándolo de cerca!

*Texto de André de Castro dos Santos , director técnico de LACLIMA.